La nueva compañía actúa como un agente integral y coordina todos los trámites y labores necesarias que requiere el proceso de rehabilitación energética de viviendas y de accesibilidad, lo que incluye desde la redacción de proyectos, coordinación de los trámites administrativos y permisos necesarios para su ejecución, gestión de ayudas y subvenciones disponibles, búsqueda de financiación y la ejecución y mantenimiento de la obra. Las empresas impulsoras de Mugabi poseen una dilatada experiencia en transición energética, tramitación de ayudas y en la ejecución de obras.
El acto de presentación de la empresa celebrado en Donostia, concretamente en el estadio Reale Arena, fue clausurado por el consejero delegado de Edinor, Juan Diego. También participaron el director general de Viuda de Sainz, Iñigo Escobal, y el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Gipuzkoa y Araba, Javier Montero, así como la directora de Medioambiente en funciones de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Mónica Pedreira; el director general de Eraikune, Clúster de la Construcción de Euskadi, Jon Ansoleaga; la responsable de Innovación y Emprendimiento de la Fundación Repsol, Ane Miren de Ariño; y la arquitecta de Donostiako Etxegintza, Maider Roma.
El objetivo de Mugabi es promover una transición energética a escala local, algo que permite tanto reducir la factura energética como descarbonizar la generación y el consumo de energía. A largo plazo se trata de situar a Euskadi en el mayor nivel de eficiencia energética. Para ello la empresa lleva a cabo distintas actuaciones, como la mejora de las envolventes térmicas de los edificios, la sustitución de los sistemas de producción de ACS (Agua Caliente Sanitaria) y calefacción por soluciones más eficientes, la monitorización y análisis de consumos energéticos, así como con la instalación de paneles solares fotovoltaicos para el autoconsumo y puntos de recarga para vehículos eléctricos, entre otras.
Mugabi ofrece un ‘proyecto llave en mano’ con una cuota fija e invariable, independiente de los posibles retrasos en las tramitaciones y la consecución de todos los permisos necesarios, plazos de ejecución de la obra o posibles incrementos en las materias primas. Gracias a las ayudas gestionadas por el Gobierno Vasco, las comunidades se pueden ahorrar (según el grado de intervención) entre un 50% y un 75% del coste de estos trabajos.