Determinada crítica interesada se empeña en trasladar a la opinión pública la percepción de que Petronor campa a sus anchas al margen de la ley. Se asegura que esta ilegalidad es inherente a la propia constitución de la compañía en 1968 y que, posteriormente, su poderío económico ha podido con las sucesivas Administraciones Públicas. Obviamente, nunca nadie hace mención concreta de qué regulaciones legales son las que supuestamente no se cumplen, tampoco se presenta denuncia alguna ante ningún juzgado y nadie parece percatarse de que, de ser cierto algún incumplimiento, quienes quedarían en mal lugar serían las instituciones, tanto se trate de municipales y forales, como de autonómicas y estatales.
